A lo que nos enfrentamos aquí es a un caso de total falta de respeto por la Ley.

- Sheriff Buford T. Justice. Los Caraduras (1977).

X-Novo es un despacho de abogados especializado en nuevas tecnologías. Estamos muy contentos de que hayan decidido confiar en Tractis para dar este paso ya que se trata de uno de los principales bufetes en su sector en España.

Cuando utilices una de las plantillas compartidas por X-Novo tendrás la tranquilidad de que han sido realizadas por auténticos expertos en esta rama del derecho. Ya seas un emprendedor montando un nuevo sitio de e-commerce, una empresa de alojamiento web o un particular ejerciendo sus derechos… hay algo para todos:

Emprendedores TIC

1. Acuerdo de Confidencialidad.
2. Condiciones generales de contratación.
3. Contrato de distribución digital de contenidos.
4. Contrato de escrow.
5. Acuerdo SLA (Service Level Agreement).

Empresas de servicios (desarrollo, hosting, housing)

1. Contrato de creación de página web y de contenidos.
2. Contrato de servicio de uso y mantenimiento de software.
3. Contrato de arrendamiento de servidor dedicado.
4. Contrato de mantenimiento informático.
5. Contrato de Hosting.
6. Contrato de Leasing.

Protección de datos de carácter personal:

1. Ejercicio derecho de oposición.
2. Ejercicio derecho de rectificación.
3. Ejercicio de derecho de acceso.
4. Aviso Legal e-mail.

Nuestro agradecimiento a todo el equipo de X-Novo, muy especialmente a Alvaro Cuesta, Alonso Hurtado, Elizabeth Cota y Beatriz Rivero, por ayudarnos a convertir la librería pública de Tractis en un recurso cada vez más valioso para todos. Ojalá este sea el principio de muchas colaboraciones juntos. Si teneis cualquier duda sobre alguna de sus plantillas, no dudeis en dejarles un comentario en la plantilla correspondiente o en pedirles asesoría jurídica.

Como su nombre indica, modeloscontratos.com es una página dedicada a la venta de modelos de todo tipo de contratos (lo que en Tractis llamamos “Plantillas”). Dado que los usuarios de Tractis son principalmente profesionales independientes y pymes: programadores, diseñadores web, traductores, abogados…, les pedimos que subiesen plantillas dirigidas al mundo internet y de nuevas tecnologías.

De hecho, hace poco, Diego Lafuente, Director Creativo de Tractis, escribía en su blog un post titulado “Cómo ser un Diseñador Independiente y no perecer en el intento” y , la verdad, leyendo los comentarios del post te das cuenta de la necesidad tan grande que hay de que este tipo de plantillas estén al alcance de los profesionales del sector.

El resultado no ha podido ser mejor. Juzga por tI mismo:

1. Condiciones de uso de página web.
2. Contrato extenso de diseño de página web.
3. Contrato de mantenimiento de software.
4. Contrato de licencia de uso de software.
5. Contrato de acceso a datos de clientes en página web.
6. Contrato extenso de mantenimiento de página web.
7. Contrato de representación y comisión mercantil.
8. Contrato de licencia de patente (fabricación, explotación, distribución y venta).
9. Contrato de edición y publicación de una colección.
10. Contrato de confidencialidad y desarrollo de producto para patentarlo.

Queremos agradecer a Mario Marcos Martínez, socio del despacho “Grupo Jurídico Cuatro Abogados” y uno de los responsables de Modeloscontratos.com, el tiempo y trabajo que ha dedicado a compartir estas plantillas y hacernos la vida más fácil a todos los que trabajamos en el mundo internet. Si teneis cualquier duda a la hora de utilizar estas plantillas, no dudeis en dejar un comentario en la plantilla correspondiente o en pedirle asesoría jurídica.

En teoría, esta ley debería marcar un antes y un después en la adopción de la firma electrónica en España. La ley afecta a todas las grandes empresas de banca, seguros, pensiones, corredores de seguros, telecomunicaciones, agua, gas, electricidad, agencias de viajes, compañías aéreas, transportes terrestre, marítimo y por ferrocarril.

¿Qué pasará cuando empresas como Santander, La Caixa, ING Direct, Vodafone, Renfe, Endesa, Vueling, El Corte Inglés, etc… ofrezcan a sus clientes la posibilidad de firmar electrónicamente contratos, altas, bajas, quejas, sugerencias, reclamaciones, etc.?.

Sin duda, ayudará a que toda la población española comience a entender para que sirve “ese” chip en el nuevo DNI electrónico.

En la práctica, muchas grandes empresas no van a llegar a tiempo de cumplir la ley antes del plazo marcado o, peor aún, ni siquiera saben que existe esta ley. Recientemente varias empresas nos han contactado para integrar sus sistemas con Tractis. Por supuesto, estamos felices (llevamos 3 años preparándo este momento)… pero ¡faltan menos de 3 meses! y estamos hablando de bancos, aseguradoras, telcos,… empresas que no son conocidas especialmente por su rapidez de movimientos.

Visto el panorama actual, hemos creído oportuno escribir un post a modo de recordatorio para los más despistados.

¿En qué consiste la obligación legal?

En España, la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LMISI) establece la obligación de las grandes empresas de ofrecer, a partir del 29 de Diciembre de 2008, un “medio de interlocución telemática” que permita a sus usuarios la utilización de firma electrónica reconocida.

Artículo 2. Obligación de disponer de un medio de interlocución telemática para la prestación de servicios al público de especial trascendencia económica. 1. Sin perjuicio de la utilización de otros medios de comunicación a distancia con los clientes, las empresas que presten servicios al público en general de especial trascendencia económica deberán facilitar a sus usuarios un medio de interlocución telemática que, mediante el uso de certificados reconocidos de firma electrónica, les permita la realización de, al menos, los siguientes trámites:

• a) Contratación electrónica de servicios, suministros y bienes, la modificación y finalización o rescisión de los correspondientes contratos, así como cualquier acto o negocio jurídico entre las partes, sin perjuicio de lo establecido en la normativa sectorial.
• b) Consulta de sus datos de cliente, que incluirán información sobre su historial de facturación de, al menos, los últimos tres años y el contrato suscrito, incluidas las condiciones generales si las hubiere.
• c) Presentación de quejas, incidencias, sugerencias y, en su caso, reclamaciones, garantizando la constancia de su presentación para el consumidor y asegurando una atención personal directa.
• d) Ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la normativa reguladora de protección de datos de carácter personal.

¿Qué empresas están obligadas?

Las grandes empresas obligadas por la LMSI son aquellas empresas que presten servicios al público en general de especial trascendencia económica, en concreto:

(…) tendrán la consideración de empresas que presten servicios al público en general de especial trascendencia económica, las que agrupen a más de cien trabajadores o su volumen anual de operaciones, calculado conforme a lo establecido en la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido, exceda de 6.010.121,04 euros y que, en ambos casos, operen en los siguientes sectores económicos:

• a) Servicios de comunicaciones electrónicas a consumidores, en los términos definidos en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
• b) Servicios financieros destinados a consumidores, que incluirán los servicios bancarios, de crédito o de pago, los servicios de inversión, las operaciones de seguros privados, los planes de pensiones y la actividad de mediación de seguros. En particular, se entenderá por:
  1. Servicios bancarios, de crédito o de pago: las actividades relacionadas en el artículo 52 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.
  2. Servicios de inversión: los definidos como tales en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
  3. Operaciones de seguros privados: las definidas en el artículo 3 del texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.
  4. Planes de pensiones: los definidos en el artículo 1 del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.
  5. Actividad de corredor de seguros: la definida en la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación en seguros y reaseguros privados.
• c) Servicios de suministro de agua a consumidores, definidos de acuerdo con la normativa específica.
• d) Servicios de suministro de gas al por menor, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.
• e) Servicios de suministro eléctrico a consumidores finales, de acuerdo con lo dispuesto en el título VIII de la Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico.
• f) Servicios de agencia de viajes, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo, por el que se regula el ejercicio de las actividades propias de las agencias de viajes.
• g) Servicios de transporte de viajeros por carretera, ferrocarril, por vía marítima, o por vía aérea, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa específica aplicable.

¿Qué plazo hay para adaptarse a la ley?

El plazo para adaptarse a la Ley finaliza el 29 de Diciembre de 2008:

los artículos 2 y 6 de esta Ley entrarán en vigor a los doce meses de la publicación de la Ley en el Boletín Oficial del Estado.

¿Cómo podemos ayudarte?

Tractis es hoy la solución más completa y potente de verificación de identidad y de firma electrónica disponible en España. Decimos esto sin sonrojarnos pero también sin falsas modestias, con una buena visión sobre el tema y sobre el resto de alternativas disponibles en el mercado.

Si deseas averiguar como podemos ayudarte a cumplir con la LMISI, a tiempo, con total seguridad y pagando solo por uso, contáctanos. Estaremos encantados de colaborar contigo.

Portaley es un bufete español especializado en Nuevas Tecnologías. Su actividad se centra principalmente en el área de protección de datos, adecuación a la LSSI, delitos informáticos y propiedad intelectual, entre otras.

Prácticamente todas las plantillas compartidas se refieren a la jurisdicción española y al área de contratación de servicios en el ámbito del software e internet: licencia de uso de programas, arrendamiento de equipos, mantenimiento de equipos, reventa de programas en portales, intercambio de enlaces, etc. Hay un poco de todo: desde contratos completos a guíones de contratos con la lista de puntos que deben tratarse. Seguro que muchos de los usuarios de Tractis los encontrarán muy útiles .

Si teneis cualquier duda a la hora de utilizar estas plantillas, no dudeis en dejar un comentario en la plantilla que corresponda o en contactar directamente a Portaley.

En 1863, Julio Verne escribió en su novela “París en el Siglo XX”:

“La fototelegrafía permitirá enviar escritos, firmas o ilustraciones y firmar contratos a una distancia de 20.000 kilómetros. Todas las casas estarán conectadas.”

Es una verguenza que sigamos haciendo negocios con papel, bolígrafo y correos en pleno siglo 21.

En Tractis queremos ofrecer una solución que permita firmar contratos 100% online, contratos que luego puedan hacerse cumplir offline. Internacionalmente, con total garantía y a bajo coste. Es una tarea enorme pero merece la pena. De conseguirlo, la humanidad habrá avanzado un pasito más.

Tú puedes ayudarnos a hacer el sueño realidad. Hay varias formas en que puedes colaborar. Una de ellas es investigar el estado de desarrollo de firma electrónica en tu país y compartir con nosotros todo lo que averigues, explicando con sencillez tus impresiones sobre la firma electrónica, si se ha aprobado alguna ley sobre firma electrónica en tu país, si hay autoridades de certificación (gobierno o empresas) entregando certificados a los ciudadanos o tienen planes para ello, cuantos certificados se han emitido, etc.

“Tractis Worldwide eSignatures Status Report”, una wikipedia de firma electrónica

Hasta ahora, hemos estado trabajando un poco en la sombra. Investigando y recopilando información con gente que nos pedía colaborar o que, por su puesto o localización, pensabamos que nos podían ayudar. Sin embargo, ha llegado el momento de hacerlo oficial, público y abierto a todo el mundo. Hemos preparado en Tractis una especie de wikipedia de firma electrónica, la llamamos “Tractis Worldwide eSignatures Status Report“.

Como ves, hemos creado una página para cada país, donde iremos recopilando toda la información que encontremos sobre firma electrónica en ese país. Para hacerte una mejor idea, te recomendamos echarle un ojo a la información y las personas que ya están participando en países como España, Estados Unidos, Australia, Suecia, Uruguay, Holanda, Colombia o México. El esfuerzo ya ha empezado a dar sus frutos. Con toda la información reunida hemos elaborado un resumen de legislación de firma electrónica a nivel mundial y tenemos una idea clara de la situación de e-ID en Europa.

El acceso a toda la información es libre y gratuíto. Sin embargo, para poder editar una página necesitarás tener los permisos adecuados. Si quieres echarnos una mano, envíanos un email a info@tractis.com y te enviaremos una invitación al país que nos digas.

Piensa en ello. Si todos colaboramos, aunque solo sea un poquito, seremos capaces de mapear el mundo entero y tener una idea clara de que tipo de firmas son válidas donde, para que procesos, si tienen respaldo legal o no, etc. Un primer paso, pero indispensable para hacer realidad la visión de Julio Verne.

Ley sobre Comercialización a Distancia de Servicios Financieros destinados a los Consumidores

El primer cambio es la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, que entró en vigor el 12 de octubre del pasado año.

¿A quién afecta?

La norma afecta a los contratos de servicios financieros prestados a distancia por entidades de crédito, empresas de servicios de inversión, entidades aseguradoras, sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, entidades gestoras de fondos de pensiones, mediadores de seguros, sociedades gestoras de entidades de capital riesgo y cualesquiera otras que presten servicios financieros, así como las sucursales en España de entidades extranjeras de la misma naturaleza. Se prevé también su extensión, fuera de las entidades anteriores, a los proveedores u oferentes de éstos que cuenten con un establecimiento permanente en España.

¿A qué obliga?

La norma añade ciertas especialidades a los servicios bancarios, de crédito, de pago, inversión, seguros privados o planes de pensiones,… al margen de la regulación general española contenida en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico (LSSI).

Entre otras cuestiones, se establece la obligación de que tanto la oferta como la celebración de los contratos deberá hacerse constar en un soporte duradero. Por soporte duradero, dice la ley, se entiende “todo instrumento que permita al consumidor almacenar la información dirigida personalmente a él“, de modo que pueda recuperarla fácilmente durante un período de tiempo adecuado para los fines para los que la información está destinada y que permita la reproducción sin cambios de la información almacenada. Teniendo en cuenta que la carga de la prueba acerca de estos extremos corresponde al proveedor, será necesario, implementar un sistema que garantice el contenido de la oferta del contrato, y su aceptación por ambas partes. Esto viene a traducirse en los requisitos de integridad del documento, la autenticidad de las partes y el no repudio de las declaraciones de voluntad que se predican de los sistemas de firma electrónica.

¿Cómo ayuda Tractis?

Tractis permite integrar contratos con firma electrónica, con la posibilidad de descargarlos en formato XML, obteniendo el texto de las condiciones con los certificados digitales asociados. El empleo de extensiones XAdES sobre dicho XML, reconocidas por la Directiva Europea sobre Firma Electrónica, permiten detectar cualquier modificación en el contrato, garantizando los atributos de autenticidad, integridad y no repudio. Asimismo, se deja constancia del momento temporal en que la aceptación se ha producido, lo que facilita el cómputo del plazo para el ejercicio del derecho de desistimiento de estos contratos.

Si todo este sistema para el depósito, aceptación y descarga de los contratos es externo, la garantía será mayor. Además, cumplirá con lo dispuesto en el artículo 25 de la LSSI, que determina la intervención de terceros de confianza como depositarios de las declaraciones de voluntad de los contratos electrónicos, que harán constar la fecha y hora de las mismas y las archivarán en soporte informático.

Ley de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información

El segundo cambio es la, aún más reciente, Ley 25/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información, que entró en vigor el pasado 30 de diciembre.

¿A quien afecta?

En general, a los prestadores de servicios de la sociedad de la información, si bien contiene nuevas obligaciones para empresas de determinados sectores o volumen.

Por otro lado, se fijan las bases de lo que se denominan “ofertas públicas de contratación entre empresas”, una especie de protocolo B2B para regular transacciones enteramente electrónicas mediante subasta. Los principios de este tipo de contratación se describen en el artículo 3.3 de dicha Ley, si bien requiere un mayor desarrollo.

¿A qué obliga?

Se obliga, en función de su volumen de operaciones (mayor de 6 millones de euros, calculado según la normativa del IVA) o número de trabajadores (mayor de 100) a las empresas de determinados sectores estratégicos (contratación pública estatal, servicios de comunicaciones electrónicas, servicios financieros, suministro eléctrico, de agua y gas, agencias de viajes, transporte de viajeros y comercio al por menor), a poner en marcha mecanismos para la contratación de servicios, suministros y bienes por vía electrónica basados en certificados de firma electrónica. La obligación se aplica en realidad también a la modificación, finalización o rescisión dichos contratos, así como a la consulta de datos del cliente, presentación de quejas, incidencias, sugerencias o reclamaciones y al ejercicio de los derechos establecidos en la normativa de protección de datos.

¿Cómo ayuda Tractis?

Tractis incorpora mecanismos que permiten la realización de todo lo anterior, cumpliendo las obligaciones legales de garantía y seguridad establecidas, tal como se ha indicado, sin que sea necesario desarrollar un sistema propio.

Hoy estrenamos nuevo blogger en Negonation Blog. Se trata de Javier Prenafeta, abogado especialista en derecho de las tecnologías de la información y la comunicación, y al que “conocíamos” desde hace tiempo gracias a su blog.

A raíz del lanzamiento de Tractis en España, nos pusimos en contacto con él para averiguar si estaría interesado en colaborar. Fué una alegría saber que nos conocía, que el proyecto le gustaba y que se apuntaba. Inicialmente se ha encargado de la supervisión de todo lo relacionado con la protección de datos de carácter personal y las condiciones de uso del servicio (que explica en este post). Sin embargo, a partir de ahora, participará en el diseño de nuevos servicios con un fuerte componente legal.

Javier participa en Safe Creative y otros proyectos innovadores, adentrándose en áreas de internet con implicaciones legales aún por explorar. Es un placer contar con un abogado emprendedor y que entiende a los emprendedores. Estamos encantados de tenerle a bordo.

Cuando David Blanco me llamó para que revisara las condiciones de Tractis me dejó claro que quería que fueran exhaustivas y precisas, pero sencillas de entender. Esto no es nada fácil para quienes estamos acostumbrados a una farragosidad y verborrea excesivas y a una jerga muy particular, odiosa en muchos casos.

Confío el resultado del nuevo texto legal, que constituyen las condiciones de contratación del servicio, es decir, un contrato que vincula a los usuarios con Negonation, con sus responsabilidades, garantías y limitaciones, sean finalmente fácilmente comprensibles, pero teniendo en cuenta que el usuario raramente lee estas cosas, creo que es importante señalar los puntos más relevantes.

Confidencialidad y Protección de Datos.

La propia finalidad de Tractis, esto es, la negociación y firma de documentos legales, requiere por razones obvias de la debida confidencialidad, no sólo de la identidad y firma de las partes, sino especialmente del contenido de los textos. En este caso, la normativa española (básicamente la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal), no sólo implementa la Directiva europea sino que establece la regulación más estricta de la Unión Europea, determinando un auténtico estándar en cuanto a privacidad y confidencialidad, e imponiendo medidas de seguridad que permiten, dentro del margen de decisión del usuario -que es quien elige si el documento que negocia en Tractis es público o privado- controlar al acceso y gestión de los datos con las debidas garantías. Los propios ficheros de los usuarios del servicio ya constan inscritos en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos, pudiendo consultarse libremente.

Propiedad Intelectual

Uno de los valores de Tractis es su librería pública, lugar donde se alojan para su libre uso plantillas o modelos de documentos que han subido los usuarios. Los problemas que puede plantear esto son, por un lado, la violación de derechos de terceros por incluir textos copiados sin autorización o plagiados, en todo o en parte, de otros, por lo que la responsabilidad en este punto se hace recaer en la persona que sube el correspondiente documento, y, por otro y correlativamente, la necesaria protección de los derechos de dichas personas que, con su trabajo y voluntariamente, contribuyen a dotar a Tractis de mayores utilidades. Así, a quienes faciliten estos contenidos se les reconocen los correspondientes derechos morales (entre ellos, que siempre se mencionará su autoría en relación a los mismos), y se determinan los términos de la cesión de derechos de explotación que conceden en favor de la plataforma, pues de otro modo no podrían ser utilizados legalmente por otros, prohibiéndose en las condiciones de uso que cualquiera pueda extraerlos de la plataforma y explotarlos comercialmente por otras vías sin el consentimiento de los autores.

Responsabilidades

Al margen de lo que se ha comentado en los puntos anteriores, es importante dejar claro lo que es y lo que no es Tractis. Tractis es una plataforma para que los usuarios interactúen, no es un intermediario en el sentido de que no interfiere ni tiene interés alguno en la negociaciones que lleven a cabo las partes. En este sentido, Negonation será responsable de lo que se refiere al funcionamiento técnico de la plataforma, del alojamiento y presentación de la información y de la integración de los certificados digitales que identifican fehacientemente a las partes, siempre que éstos sean válidos y vigentes. Lo que viene a ser una limitación de responsabilidad es también una garantía de su neutralidad e independencia, pues permanece al margen del negocio jurídico en cuestión.

En fin, probablemente este sea el mejor momento para responder dudas, consultas o sugerencias por parte de los usuarios, así que adelante…

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